CCIP | Florida 983 | Tel.: 4722 8901 / 4722 8902 / 4722 8903 | E-mail: info@ccipaysandu.com.uy

Explicaron a actores locales alcances y beneficios de Ley de Empleo Juvenil

Explicaron a actores locales alcances y beneficios de Ley de Empleo Juvenil

Con la presencia del director nacional de Empleo, Eduardo Pereyra, entre otras autoridades vinculadas con la problemática, tuvo lugar en la noche del viernes la charla informativa sobre los alcances de la Ley de Empleo Juvenil.
En la sede de la entidad empresarial sanducera, con los auspicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Intendencia, el INAU, el INJU, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Impulsa y Estudio Deleón, destacados panelistas expusieron ante empresarios y jóvenes los alcances y desafíos que ofrece esta ley para incorporar a los jóvenes a la masa laboral.

El secretario general de la Intendencia, Mario Díaz, tuvo a su cargo la apertura de la conferencia e hizo hincapié en que es importante ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes. Además del director nacional de Empleo, tuvieron a su cargo respectivas exposiciones el doctor Rodrigo Deleón, Federico Ruffinelli, de la Unidad de Empleo Juvenil del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y la doctora Gabriela Beneventano, de Impulsa, del Mides.
La idea central de la convocatoria fue promover la utilización del instrumento legal en el empresariado sanducero, por cuanto hasta ahora no se han difundido convenientemente los pasos para incorporar personal o aclarar dudas del empresariado en cuanto al uso extenso de la herramienta legal.

La referida ley es la N° 19.133, que apunta a fomentar el trabajo de la población más joven, con especial protección de los provenientes de los hogares de menos recursos, quienes tengan cargas familiares y quienes se encuentren desvinculados del sistema educativo.

La norma incorpora tres modalidades contractuales y un sistema de pasantías formativas. Establece “contratos de primera experiencia laboral”, destinados a personas entre 15 y 24 años que no hayan tenido una experiencia laboral mayor a tres meses; contratos de “práctica laboral para egresados”, destinados a personas menores de 29 años, egresadas de centros públicos o privados de enseñanza técnica, comercial, agraria o de servicios, y que busquen su primer empleo vinculado con la titulación que poseen; contratos de “trabajo protegido joven”, destinados a jóvenes menores de 30 años, pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que se encuentren en situación de desempleo; y programas de “práctica formativa en empresas”, consistente en una suerte de sistema de pasantías para jóvenes estudiantes.

A su vez, las empresas que empleen trabajadores en el marco de la ley serán beneficiadas por medio de subsidios estatales a los sueldos a pagar a los trabajadores contratados bajo sus condiciones, que oscilan entre un 15% y un 40%. A su vez, podrán utilizar de forma gratuita servicios de selección y seguimiento, ofrecidos por instituciones como el INAU, INJU, ANEP y el MTSS. Por último, las empresas que empleen trabajadores por medio de los mecanismos previstos en la ley serán distinguidas por el Poder Ejecutivo por medio de un etiquetado corporativo. La ley establece subsidios estatales que oscilan entre el 20% y el 40% de los salarios pagos a trabajadores de entre 15 y 24 años que se encuentren cursando estudios curriculares de educación primaria, secundaria, técnico profesional, universitaria de grado y terciaria, siempre y cuando se reduzca la jornada laboral de dichos trabajadores entre una y dos horas. También se prevé que aquellas empresas que otorguen a sus trabajadores de entre 15 y 24 años de edad, estudiantes de cualquiera de los regímenes mencionados, hasta ocho días de licencia adicionales a los de precepto legal, obtendrán un subsidio del 40% en los pagos que se deban realizar por concepto de dicha licencia. Finalmente, se prohíbe que los trabajadores que reúnan las mismas condiciones sean sometidos a turnos de horario rotativo. Las personas empleadas a través de los mecanismos establecidos en la norma no pueden superar al 20% de la plantilla permanente de la empresa.

Fuente: Diario El Telégrafo